En la clasificación mundial, México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua.

Agua en México

En todo el país llueve aproximadamente 1511 kilómetros cúbicos de agua cada año, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño de su capital, el Distrito Federal. El 72% (1084 km3) de esa agua de lluvia se evapora.

México es un país semiárido (56%). El 67% de las lluvias mexicanas cae en los meses de junio a septiembre. Si promediamos, el país recibe unos 711 mm de lluvia cada año (1 mm de lluvia = 1 litro por m2). No es mucho comparado con otros países. En el norte, México es muy ancho pero con poca lluvia (árido o semiárido). En el sur es angosto, pero llueve más. El 50% de la superficie la tienen los estados norteños y ahí llueve tan sólo 25% del total. En la parte angosta del país, que ocupa 27.5% del territorio, cae la mayor parte del agua de lluvia (49.6%) en los estados del sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco). Entre los estados más secos está Baja California; tan solo llueve un promedio de 199 mm por año. En contraste está Tabasco, que recibe 2588 mm de agua cada año. En México llueve cada vez menos. De 1994 a la fecha ha llovido menos del promedio histórico anterior.

Los países más ricos en disponibilidad de agua son Canadá y Brasil.

Fuente: Semarnat, CNA. Editado en Agua.org.mx

¿Cuánta agua necesita una persona para vivir?

El agua representa aproximadamente el 70% del peso corporal de los seres humanos. Si una persona pierde 10% del agua de su cuerpo su vida está en situación de riesgo. Y si pierde 20%, la condición es tan grave que puede morir. Se sabe que una persona debe ingerir al día una cantidad de agua que represente por lo menos 3% de su peso, lo que significa que el promedio necesario de agua por persona es de aproximadamente 2 litros al día. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga a todos los seres humanos el derecho a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Con esta declaración, en noviembre de 2002 se marcó un hito en la historia de los derechos humanos ya que, por primera vez, contar con agua segura fue reconocido de forma explícita como un derecho humano fundamental. En su Comentario General N.° 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana" y señaló que "es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos". Sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable otros derechos fundamentales serían inalcanzables, como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. El agua es un derecho universal de mujeres y hombres. Se define mejor como el derecho al agua segura. Generalmente, se define como agua segura el agua apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades. Con frecuencia es agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización o purificación casera. Sin embargo, determinar que un agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente. La definición debe incluir otros factores como la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica. Es la conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura.

Agua segura = cobertura + cantidad + calidad + continuidad + costo + cultura hídrica. La meta del agua segura es cumplir con las "6 C":

1. Cobertura: El agua debe llegar a todas las personas sin restricciones. Nadie debe quedar excluido del acceso al agua de buena calidad.
2. Cantidad: Las personas deben tener acceso a una dotación de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas: bebida, cocina, higiene personal, limpieza de la vivienda y lavado de ropa.
3. Calidad: En términos simples, con las palabras "calidad del agua de consumo" nos referimos a que el agua se encuentre libre de elementos que la contaminen y la conviertan en un vehículo de transmisión de enfermedades.
4. Continuidad: El servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente. Lo ideal es disponer de agua durante las 24 horas del día. La no continuidad o el suministro por horas, además de ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento intradomiciliario, afecta la calidad y puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución.
5. Costo: El agua es un bien social pero también económico, cuya obtención y distribución implica un costo. Este costo ha de incluir el tratamiento, el mantenimiento y la reparación de las instalaciones, así como los gastos administrativos que un buen servicio exige.
6. Cultura hídrica: Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad tienen con respecto al agua y su importancia para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, tratarla, distribuirla, cuidarla y reutilizarla.

Legislación acerca del agua.

En la búsqueda de soluciones a los problemas que se reconocen como públicos, la parte mas importante en la determinación de políticas es la definición del problema. La definición del problema es el planteamiento del mismo y del conjunto de situaciones que lo hacen manifiesto. Así, dentro de este procedimiento se hacen evidentes los objetivos que deben alcanzarse para resolverlo. Todos los problemas públicos tiene múltiples aristas y dimensiones por donde pueden ser atacados y la forma de comprenderlos definirá finalmente cual es el cauce de acción a tomar. No siempre es sencillo llegar a la  enumeración de los fines a alcanzar. En las sociedades contemporáneas, la característica predominante es la pluralidad de opiniones sobre los objetivos que debe perseguir un gobierno. Es común que estos objetivos vayan en contra de ciertos intereses de grupo y, en estos casos, la solución se complica por  la necesidad de buscar el consenso en torno a como deben ser abordados por el gobierno. Otra gran dificultad en la definición de un problema público consiste en señalar las partes que son el origen del problema de manera que sea ahí donde deba atacarse. El conflicto entre opiniones seguramente se presentará aquí,  pues cada persona o grupo puede tener una concepción diferente de cual es la raíz de un problema. Algunos pedirán ir a las causas, otros a los síntomas, otros mas argumentarán que debe tratarse un problema solo en sus manifestaciones de grupo. La toma de decisiones se vuelve entonces muy difícil, pues no siempre cuando se abordan las causas se obtiene el efecto deseado. Por el contrario, a veces puede tener consecuencias contraproducentes o que afectan los intereses de grupos ajenos al propio problema. Se debe tener en cuenta que generalmente las soluciones responden a intereses hegemónicos y no a la realidad de los diversos sectores del país. Además, los problemas deben atacarse de manera permanente, evaluando las consecuencias de las políticas adoptadas. En la definición de cualquier política publica, como lo señala Luis Aguilar, "Una de las mayores dificultades en la definición y solución de problemas públicos es que con frecuencia la definición del problema construida por el gobierno difiere significativamente de la definición que del problema tienen los afectados y los interesados".  En la elaboración de políticas públicas se deben tomar en cuenta las presiones de distintos grupos organizados representativos de algunos sectores de la sociedad. 

Para Luis Aguilar, "el desmontaje de los grandes problemas públicos en pequeños problemas manejables es frecuentemente obligado no solo por razones cognoscitivas y técnicas de solución.....Hay razones institucionales; diversos poderes del estado, niveles de gobierno y diversas agencias gubernamentales que deben por ley intervenir en el tratamiento de una determinada cuestión. Y razones fiscales; no hay recursos públicos disponibles para atacar  simultáneamente todo el frente de problemas que comporta un problema público severo".

Para implantar políticas publicas, quizá el factor mas determinante es los recursos con los que cuentan los gobiernos para abordar los problemas. Pero lo más importante es la inclusión directa de los involucrados, visualizar sus deficiencias y revisar nuevas formas de participación en estos procesos. Esto resulta en políticas mucho más objetivas en cuanto alcances y más eficientes y efectivas. El marco jurídico que regula la materia de aguas en el país está representado fundamentalmente por: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27, 28 y 115.

• La Ley de Aguas Nacionales (LAN), una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de  aguas nacionales.

• El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

• La Ley Federal de Derechos.

• La Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.

• La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

• El Reglamento interior de la Semarnat.

• La Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

• La Ley General de Bienes Nacionales.

• Las leyes estatales en materia de agua promulgadas en las entidades federativas.