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Legislación acerca del agua. En la búsqueda de soluciones a los problemas que se reconocen como públicos, la parte mas importante en la determinación de políticas es la definición del problema. La definición del problema es el planteamiento del mismo y del conjunto de situaciones que lo hacen manifiesto. Así, dentro de este procedimiento se hacen evidentes los objetivos que deben alcanzarse para resolverlo. Todos los problemas públicos tiene múltiples aristas y dimensiones por donde pueden ser atacados y la forma de comprenderlos definirá finalmente cual es el cauce de acción a tomar. No siempre es sencillo llegar a la enumeración de los fines a alcanzar. En las sociedades contemporáneas, la característica predominante es la pluralidad de opiniones sobre los objetivos que debe perseguir un gobierno. Es común que estos objetivos vayan en contra de ciertos intereses de grupo y, en estos casos, la solución se complica por la necesidad de buscar el consenso en torno a como deben ser abordados por el gobierno. Otra gran dificultad en la definición de un problema público consiste en señalar las partes que son el origen del problema de manera que sea ahí donde deba atacarse. El conflicto entre opiniones seguramente se presentará aquí, pues cada persona o grupo puede tener una concepción diferente de cual es la raíz de un problema. Algunos pedirán ir a las causas, otros a los síntomas, otros mas argumentarán que debe tratarse un problema solo en sus manifestaciones de grupo. La toma de decisiones se vuelve entonces muy difícil, pues no siempre cuando se abordan las causas se obtiene el efecto deseado. Por el contrario, a veces puede tener consecuencias contraproducentes o que afectan los intereses de grupos ajenos al propio problema. Se debe tener en cuenta que generalmente las soluciones responden a intereses hegemónicos y no a la realidad de los diversos sectores del país. Además, los problemas deben atacarse de manera permanente, evaluando las consecuencias de las políticas adoptadas. En la definición de cualquier política publica, como lo señala Luis Aguilar, "Una de las mayores dificultades en la definición y solución de problemas públicos es que con frecuencia la definición del problema construida por el gobierno difiere significativamente de la definición que del problema tienen los afectados y los interesados". En la elaboración de políticas públicas se deben tomar en cuenta las presiones de distintos grupos organizados representativos de algunos sectores de la sociedad. Para Luis Aguilar, "el desmontaje de los grandes problemas públicos en pequeños problemas manejables es frecuentemente obligado no solo por razones cognoscitivas y técnicas de solución.....Hay razones institucionales; diversos poderes del estado, niveles de gobierno y diversas agencias gubernamentales que deben por ley intervenir en el tratamiento de una determinada cuestión. Y razones fiscales; no hay recursos públicos disponibles para atacar simultáneamente todo el frente de problemas que comporta un problema público severo". Para implantar políticas publicas, quizá el factor mas determinante es los recursos con los que cuentan los gobiernos para abordar los problemas. Pero lo más importante es la inclusión directa de los involucrados, visualizar sus deficiencias y revisar nuevas formas de participación en estos procesos. Esto resulta en políticas mucho más objetivas en cuanto alcances y más eficientes y efectivas. El marco jurídico que regula la materia de aguas en el país está representado fundamentalmente por: • La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27, 28 y 115. • La Ley de Aguas Nacionales (LAN), una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales. • El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. • La Ley Federal de Derechos. • La Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica. • La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. • El Reglamento interior de la Semarnat. • La Ley Federal sobre Metrología y Normalización. • La Ley General de Bienes Nacionales. • Las leyes estatales en materia de agua promulgadas en las entidades federativas. |
