 Las guerras por agua han existido desde siempre en muchas partes del planeta, México incluido. Las guerras por agua no sólo ocurren entre países ni siempre son armadas o violentas. Guerras ejemplares ocurren dentro de los países mismos. Tal vez uno de los casos más ilustrativos para Latinoamérica sea el que ocurrió en Bolivia, que es importante sobre todo por haberse convertido en un gran ejemplo de la trascendencia de la participación ciudadana en la resolución de problemas. Nos referimos al caso de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. En septiembre de 1999 el Parlamento aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y otorgó la concesión de la empresa municipal de agua (SEMAPA) y un megaproyecto de agua para usos múltiples (Misicuni) al consorcio transnacional Aguas del Tunari[1] . En septiembre la Superintendencia de Aguas otorgó la concesión al consorcio internacional Aguas del Tunari, empresa compuesta por International Water UK, filial de la compañía norteamericana Bechtel, con 55% de las acciones; Abengoa, de España, con 30% y un grupo de empresas bolivianas. Pocas semanas después, el Parlamento aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario No 2029. Al respecto, las organizaciones civiles como la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), el Comité de Defensa del Agua y organizaciones ambientalistas hacen conocer sus observaciones:
- La Ley no respeta los sistemas tradicionales de manejo del agua basados en usos y costumbres
- Prohíbe el funcionamiento de sistemas alternativos de distribución de agua en áreas de concesión de las ciudades (asociaciones, comités, cooperativas de agua)
- Propicia monopolios de concesionarias en áreas de concesión
- Reduce la competencia de los municipios para fijar tarifas y otorgar concesiones
- Propicia la concentración de poder en la Superintendencia de Aguas
- No permite la participación ciudadana en la fijación de tarifas, indexadas al dólar
- Aplica el principio de full cost recovery (recuperación total de costos) en la fijación de tarifas
En noviembre de 1999 se llevó a cabo el primer bloqueo campesino y de regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cochabamba. Posteriormente se organizó la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, con la participación de la FEDECOR, el Comité de Defensa del Agua, organizaciones de trabajadores, estudiantes, maestros, organizaciones vecinales, ambientales, etc.
El año nuevo siguiente se organizó un nuevo bloqueo regional, esta vez convocado por la Coordinadora, contra la Ley 2029 y la Concesión, particularmente en contra del incremento en las tarifas del agua potable establecido por la concesionaria. La policía reprimió con violencia las movilizaciones urbanas pero se logró un acuerdo para modificar ambos documentos. En febrero de 2000, la Coordinadora organizó la llamada Toma Simbólica de la Ciudad de Cochabamba para demandar pacíficamente cinco puntos:
- Anulación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
- Anulación de reglamentos que hicieron posible la Concesión
- Anulación del contrato con Aguas del Tunari
- Renuncia del superintendente de aguas
- Consenso con todos los sectores sociales en la Ley del Recurso Agua
El gobierno reprimió violentamente la movilización urbana pero esta continuó junto con los bloqueos de los regantes. Tuvo un saldo de 22 heridos, más de 100 detenidos y un acuerdo, bajo mediación de la Iglesia y el Defensor del Pueblo, que estableció la revisión del contrato con Aguas del Tunari, la modificación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado con participación de campesinos, regantes y organizaciones urbanas distribuidoras de agua y la suspensión del incremento tarifario mientras continuaran las negociaciones.
Durante las negociaciones de la Ley, la FEDECOR y la Coordinadora lograron hacer modificar casi la mitad de los artículos, hecho inédito en la historia judicial del país. Sin embargo, en la negociación del Contrato de Concesión no hubo avances, pues el gobierno se empeñaba en mantener la Concesión y, luego de una semana, la Coordinadora decidió retirarse.
El mes de marzo la Coordinadora organizó un referéndum, denominado Consulta Popular, en el que se preguntó a la población si estaba de acuerdo con la rescisión del contrato con Aguas del Tunari y la modificación de la Ley 2029. A pesar de la escasa difusión, la participación fue masiva; más de 90% de los votantes apoyó las acciones de la Coordinadora. Con este respaldo, la Coordinadora convocó a la llamada "batalla final", demandando que Aguas del Tunari abandonara el país. Desde el 4 de abril la ciudad fue prácticamente tomada por la multitud durante una semana y el bloqueo de carreteras paralizó al departamento. Hubo enfrentamientos con la policía y el ejército, con un saldo de 1 muerto y 30 heridos. Se declaró el estado de sitio, pero las movilizaciones continuaron. El 10 de abril, casi 50,000 personas estaban en la Plaza Central de Cochabamba esperando la decisión del gobierno. El gobierno anunció la cancelación del contrato con Aguas del Tunari. La Coordinadora declaró la victoria, bajo el lema: ¡el agua es nuestra, carajo!
Actualmente la empresa ha vuelto a su condición original (empresa municipal descentralizada) y existe una discusión sobre la nueva forma de administración. El gobierno está empeñado en convocar a una nueva licitación para concederla a una compañía privada. Por otro lado, la Coordinadora esta discutiendo con el gobierno los reglamentos de la nueva Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario e intentando frenar la estrategia privatizadora. La finalidad de promover la participación ciudadana no es suscitar la violencia ni un estado de inseguridad, sino que los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de las decisiones del gobierno y nos involucremos en ellas. Si cumplimos con nuestra obligación ciudadana podremos exigir nuestros derechos a las autoridades.
[1] LA GUERRA DEL AGUA DE COCHABAMBA: Carlos Crespo Flores. http://bolivia.indymedia.org Aportado por Claudia Campero. |
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