Colombia vive las últimas horas de su riqueza ambiental  documento 71 de 75 
Proyecto de ley colombiano permitiría privatizar servicios de agua Colombia vive las últimas horas de su riqueza ambiental Un proyecto de Ley de Aguas que ingresó en mayo al Congreso colombiano, analizado actualmente en la Cámara de Representantes, abre la posibilidad de que compañías transnacionales se hagan cargo de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esa iniciativa forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno presidido por Álvaro Uribe, y ya fue aprobada por una de las comisiones de la Cámara de Representantes. El proyecto fue planteado hace tres años por la parlamentaria Nancy Patricia Gutiérrez, perteneciente al movimiento Colombia Siempre, que apoyó la candidatura de Uribe en las elecciones de mayo de 2002. El medio informativo colombiano Portafolio informa que se oponen al proyecto, desde que fue presentado en el Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones ambientalistas y gremios del sector productivo, entre otros. Portafolio agrega que, según los críticos del proyecto, éste “abre la puerta para la privatización del agua”. El Ministerio de Medio Ambiente rechaza esa apreciación y señala que el propio proyecto define al agua como “un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible”. Pero Portafolio apunta que eso deja abierta la posibilidad de que el agua sea comercializada, y permite también que una empresa sea autorizada, mediante concesión, a operar con el recurso. La norma también brindaría seguridad jurídica a las empresas que obtengan derechos para operar servicios de agua potable, de modo que las concesiones no les puedan ser retiradas sin indemnización. Especialistas técnicos y jurídicos de la Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales, que agrupa a decenas de corporaciones autónomas regionales y a varias de desarrollo sostenible, elaboraron un documento con cerca de 160 observaciones y 25 cuestionamientos a los 53 artículos del proyecto de Ley de Aguas. Especialistas académicos también critican el proyecto, y argumentan que es impreciso, que usa terminología confusa e incoherente, y que en algunos casos es contradictorio. Según Portafolio, el director ejecutivo de la corporación colombiana Ecofondo, Rafael Colmenares Faccini, señaló sobre las concesiones que hay que establecer diferentes condiciones de acuerdo al tipo de uso del agua que se vaya a realizar. No es lo mismo el uso tradicional del agua en el área agropecuaria que el uso en el área industrial, que incluye por ejemplo el embotellamiento de agua para la venta en los mercados nacional e internacional, explicó. A pesar de las diferencias entre las distintas visiones críticas del nuevo proyecto de ley, se coincide en que el país requiere una ley que reafirme la condición del agua como un recurso al que las personas tienen derecho, y establezca el consumo humano como prioridad para su uso. El diario colombiano El Tiempo publicó el martes una nota que detalla algunos de los preocupantes resultados de un diagnóstico realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Según ese estudio, en un plazo de 20 años el 70 por ciento de la población colombiana (cerca de 31 millones de personas) sufrirá la amenaza de un grave desabastecimiento de agua. Sin embargo, según El Tiempo, Colombia posee el cuarto índice más alto de oferta hídrica en el planeta. “Cada colombiano tiene un volumen disponible de 50.000 metros cúbicos del líquido al año, mientras que países de Europa no alcanzan a los 8.000 metros cúbicos”, informa el diario colombiano. La falta de agua, la pérdida de nevados y bosques, las tierras erosionadas y el aire contaminado exigen estrategias que garanticen un mejor futuro. El panorama ambiental de Colombia para dentro de 20 años es apocalíptico. El tercer país con mayor diversidad del mundo y con el cuarto índice más alto de oferta hídrica del planeta tendrá el 70 por ciento de su población (casi 31 millones de personas) amenazada por desabastecimiento severo de agua. Si la tendencia de daño ambiental continúa y siguen los cambios climáticos, para el 2050 la temperatura del país subirá entre uno y dos grados. Esto quiere decir que el 78 por ciento de los nevados desaparecerá, así como el 56 por ciento de los páramos. En ese mismo lapso, se aumentará 40 centímetros el nivel del mar Caribe y el Pacífico sufrirá un alza de 60 centímetros. Como consecuencia, el 64 por ciento del litoral Caribe y el 83 por ciento del Pacífico sufrirán inundaciones. Este es el alarmante diagnóstico que hace el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). A pesar de estas proyecciones, hoy se palpan los estragos que han dejado años de destrucción de las fuentes hídricas, esenciales para sostener los ecosistemas. En este sector, el Ideam reveló que, en tiempo seco, por lo menos 209 cabeceras municipales en ocho departamentos sufren un grado alto de escasez del recurso. Lo más preocupante es que el 80 por ciento es vulnerable a vivir esta deficiencia. Esto es paradójico, si se tiene en cuenta que cada colombiano tiene un volumen disponible de 50.000 metros cúbicos del líquido al año, mientras que países de Europa no alcanzan a los 8.000 metros cúbicos. “Esta situación se agravará en el 2015, la oferta hídrica será reducida por la contaminación, mientras que la demanda continuará en ascenso, sumado a la ausencia de medidas sobre el manejo y ordenamiento de las cuencas ubicadas en estas dos regiones”, concluye el Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en Colombia (2004) del Ideam. Otro de los lunares que tiene Colombia en este sector es la contaminación de los recursos hídricos. Los que más tienen este problema, según el Ideam, son Bogotá, Medellín, Cauca, Chicamocha y Lebrija (en Santader) y Chulo (Boyacá). La situación de las costas del país no es diferente. La contaminación por hidrocarburos, basuras y aguas negras que son servidas en el área costera están colmando los límites de la zona costera. Los sitios más críticos son la bahía de Cartagena y San Andrés, en el Caribe, y el puerto de Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico. La tierra también peligra Si el panorama del agua en Colombia es poco alentador, el de la tierra no es mejor. Cada día, cerca de 300 hectáreas del territorio nacional pierden la productividad y la posibilidad de ser habitadas a causa de la erosión. Como si esto fuera poco, la urbanización devora tres mil héctareas de ecosistemas cada año. Además, la situación empeora si se tiene en cuenta que casi la mitad (48 por ciento) de la superficie continental del país es susceptible de ser erosionada por la deforestación, las quemas y la preparación de terrenos agrícolas en épocas no apropiadas, entre otros factores. En cuanto a la desertificación, el futuro tampoco genera esperanzas. Colombia ya tiene 245.342 kilómetros cuadrados (22 por ciento de los territorios nacionales) de zonas secas. Además, el 16,7 por ciento de nuestros suelos están comprometidos en el fenómeno ocasionado por cambios naturales y por la colonización y el crecimiento de las ciudades y las vías de comunicación. Los ambientalistas creen que es difícil que esa situación cambie ya que el 95 por ciento del agua usada en actividades domésticas y productivas, a nivel nacional, se extrae de las cuencas con mayor extensión en zonas secas. Otro de los problemas que padece Colombia son los constantes deslizamientos de terrenos. El 13,6 por ciento del país tiene susceptibilidad muy alta o alta de sufrir este fénomeno mientras que el 7,2 por ciento está en riesgo moderado. A estos fenómenos, se suman los problemas de subutilización (29,6 por ciento de la superficie continental) y sobreutilización (32,7 por ciento de la misma) de las tierras. La situación es alarmante. Cada año, el país pierde 1.765 héctareas de nevados, y 101.303 de bosques. Además, entre 1986 y 2001 se han perdido el 5,67 por ciento de los páramos nacionales. Sin embargo, queda la esperanza de que zonas con gran biodiversidad como el Amazonas, el Chocó biogeográfico y los parques nacionales naturales, sean protegidas por el Gobierno y sus habitantes. Lo cierto es que el 48,2 por ciento de las coberturas naturales del país no presentan una intervención significativa y todavía podrían ser conservadas. Soplan malos vientos En lo que respecta al aire, el tema no es mejor. El documento expedido en marzo pasado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) hace referencia a un estudio, presentado en agosto del 2004 por el economista ambiental Bjorn Larsen, en el cual se estiman en 1,5 billones de pesos anuales los costos de la contaminación del aire en las ciudades colombianas, que están relacionados con efectos sobre la salud pública, la mortalidad y la morbilidad. Según el Conpes, Colombia “no cuenta con lineamientos para la formulación de estrategias coordinadas, eficientes y equitativas, dirigidas a prevenir y controlar la contaminación del aire”, por lo que “las acciones para la prevención y el control de la contaminación del aire no han sido evaluadas, sus logros no están documentados y sus beneficios son difícilmente comparables entre sí”. El documento sostiene que se necesitan reglas generales a la luz de las cuales se puedan “diseñar políticas y estrategias nacionales y locales para la prevención y el control de la contaminación del aire” e incluso recomendaba en marzo de este año, “en el término de dos meses a partir de la fecha de aprobación del presente documento marzo 14 del 2005”, la “creación de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de la Contaminación del Aire (Conaire)”. Esta comisión aún no existe. En el país, según el Conpes, Bogotá es la ciudad que mayor cantidad de descargas contaminantes expulsa al aire (195.000 toneladas) cada año. La siguen Medellín (124.000 toneladas) y Cali (122.000 toneladas). Ley Forestal, entre contradictores y defensores Si hay un proyecto que en el actual periodo de sesiones ha sido objeto de debate dentro y fuera del Congreso, es la denominada Ley Forestal, que a pesar de haber estado en el último mes en el orden del día de plenaria de la Cámara, aún no ha logrado ser aprobada. Por un lado, el Gobierno la considera vital para el desarrollo del país, pues estima que Colombia no está aprovechando su potencial forestal. De otro lado, el Foro Nacional Ambiental, integrado por expertos en el tema, manifestó su desacuerdo con varios aspectos del proyecto, que pretende regular la explotación maderera en el país. Lo cierto es que de un potencial de 25 millones de hectáreas, apenas se han reforestado 150.000 para usos comerciales. El 56 por ciento de Colombia está cubierta por bosques naturales, según la FAO (Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura). Para los críticos del proyecto, estas cifras comprueban que los defensores de esa iniciativa están más preocupados por los aspectos comerciales que por la conservación y protección del medio ambiente. También algunas ONG, como Censat Agua Viva, aseguran que 27 millones de hectáreas de bosques naturales pertenecen a comunidades afrocolombianas e indígenas que no han sido consultadas sobre el tema. Esto lo desmiente el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias: “No es posible consultar a 40 millones de personas. Los líderes de las comunidades han participado en los foros en que se ha tratado el tema”. Algunos opositores van más allá y dicen que el interés del Gobierno es favorecer a la multinacional maderera Chemonics Usa, “la misma que arrasó con las selvas del sudeste asiático”. Para los defensores eso es un mito tejido en torno a la polémica ley. Agregan que la iniciativa no pretende quitarles a las comunidades étnicas sus derechos sobre los bosques ni recortar las funciones del Ministerio de Ambiente.
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