Granjeras

Según un informe del Fondo International para el Desarrollo Agricola (FIDA), a pesar del crecimiento económico generalizado en América Latina, la pobreza rural ha aumentado de un 10 a un 20 por ciento en los ultimos tres años.

Més de 90 millones de granjeros del Caribe y America Latina viven por debajo del límite de pobreza, de entre ellos 47 millones en condiciones de pobreza extrema. El informe indica que el papel de cabeza de familia lo desempeña en exclusiva la mujer en ocho a diez millones de casos, dos a tres millones de mujeres se emplean como temporeras, y treinta a cuarenta millones de mujeres se encargan del manejo de sus granjas y pequeños negocios rurales.

Las mujeres empleadas como temporeras están expuestas a mayor pobreza y a competir por el trabajo disponible, llevando los salarios a la baja. Además, trabajo eventual y temporal significa que los pobres dedican mucho más tiempo a buscar trabajo que los demás-y menos tiempo como desempleados de larga duración.

Los acuerdos sobre agricultura que entrarían en vigor con el ALCA aumentarían la escasez de comida en América Latina y el Caribe. Actualmente, hay más subsidios y ayudas disponibles para países desarrollados que para países en vías de desarrollo. El ALCA tendá como posible consecuencia aumentar la dependencia de las exportaciones de comida y disminuir por tanto la autosuficiencia.

Obreras

En América Latina, del 70 a 90 por ciento de la fuerza de trabajo en las Zonas de Proceso a la Exportación (ZPE) donde se producen ropa, tejidos y componentes electrónicos para exportación. En Ciudad Juárez, México, las obreras ganan 4 dolares por jornada de trabajo, un salario que no es suficiente para vivir en una ciudad fronteriza donde los precios suelen ser similares a los EEUU.

Las empresas extranjeras prefieren contratar a mujeres en parte porque aceptan trabajar por un salario menor que los hombres. Sobre todo, las mujeres aceptan trabajar en peores condiciones que los hombres (por falta de alternativas). Muchas obreras ganan la ridícula cantidad de 56-77 centavos de dólar por hora y trabajan 50-80 horas por semana. En muchas fábricas, las obreras han denunciado maltratos y acoso sexual. A menudo, una prueba de embarazo obligatoria froma parte del proceso de selección. Ascender a mejores puestos de trabajo es casi imposible.

La discriminación está llevando al desempleo a las obreras de las ZPE. A medida que la producción para la exportación se vuelve más especializada (y mejor pagada), se incrementa la demanda de trabajadores masculinos. En México, la proporción de obreras en manufacturas a la exportación cayó del 77 por ciento en 1982 hasta un 60 por ciento en 1990. Sin formación adecuada ni apoyo, cualquier tipo de ventajas que las mujeres puedan extraer de esta forma de empleo son de corta duración.

Segun parece, el ALCA no incluirá medidas en apoyo a la formación y especialización de las obreras. A su vez, los acuerdos agrícolas del ALCA tendrían como consecuencia menores precios por las cosechas, llevando a más mujeres a las maquiladoras como estrategia de supervivencia para cubrir las necesidades básicas de sus familas. Por encima de todo, si otros países compiten con América Latina y el Caribe para atraer a las multinacionales, los salarios caerán aún más. Muy probablemente, el ALCA no incluirá mecanismos para hacer sentir a dichas multinacionales responsables de sus actos.

Consumidoras

El sector público se ha venido asociando con empleo más cualificado y mejor pagado para la mujer: enfermeras, doctoras, administradoras, profesoras y asistentes sociales. El FMI y el Banco Mundial ya ha ordenado la privatización de los servicios sociales en numerosos países en deuda con dichas instituciones. Estos planes de privatización han afectado desproporcionadamentes a las mujeres. Las trabajadoras son las primeras despedidas tras la privatización. En 1991, después de que Nicaragua aceptase el plan de privatizaciones del FMI, el gobierno despido trabajadores, sobre todo en Salud y Educación. De entre estos despidos, el 70 por cierto mujeres.

Nuevos empleos en salud y educación conllevan por lo general peores salarios, menos ventajas sociales y escasa estabilidad laboral. La privatización de los servicios sociales afectará a las consumidoras que habrán de recortar gastos en medicina, educación y otros servicios basicos en caso de que cuesten demasiado.

El suministro del agua podría privatizarse como parte del ALCA, con graves efectos para mujeres y niños. Si el precio del agua es demasiado alto para familias pobres a consecuencia de la privatización, las mujeres tendrán que recurrir a recionar el agua para sus familias o bien utilizar agua contaminada. El uso de agua contaminada es una de las mayores causas de mortalidad infantil y enfermedades en los países en vías de desarrollo. En Cochabamba, Bolivia, la reciente privatización del suministro de agua (dirigida por el FMI), llevó a una madre de cinco hijos a escoger entre agua y comida cuando su factura del agua subió de 5$ a 20$ mensuales. Esos 15$ dólares habían supuesto la comida de su familia de una semana y media. Para pagar la factura del agua, tuvo que reducir gastos en comida y ropa.

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